Hace una semana, el Gobierno andaluz envió al Parlamento de Andalucía un importante proyecto de ley cuya exposición de motivos delimita claramente las diferencias existentes entre la eutanasia y el suicidio asistido, por un lado, y la limitación del uso de medidas de soporte vital y la administración de sedación paliativa a los enfermos terminales, por otro. La norma (su rótulo es "ley de derechos y garantías de la dignidad de las personas en el proceso de muerte") ayudará a impedir casos de encarnizamiento físico y moral tan patéticos como la obstinación terapeútica sufrida por Ignacia Echeverría.
El proyecto de ley garantiza a los enfermos incurables que merezcan un pronóstico de vida limitado y padezcan un intenso sufrimiento el derecho a recibir tratamiento para aminorar el dolor siempre que lo precisen. El texto obliga a no prolongar en el tiempo situaciones clínicas carentes de expectativas razonables de mejoría.
Contra lo que afirma frívolamente la nueva ministra de Sanidad ("no existe un clima social que demande este tipo de legislación"), la actual normativa sobre la materia ofrece ambigüedades que permiten su sombrío manejo. Sólo la generalización de la iniciativa andaluza al ámbito estatal crearía las condiciones para acabar con esos empecinados, crueles e inútiles tratamientos dilatorios aplicados a los agonizantes que hacen aún más terrible el hecho por sí mismo dramático de la muerte. Sirva como ejemplo el tétrico auto de fe escenificado hace cuatro años en el Hospital de Leganés por los inquisidores de la Comunidad de Madrid, tal vez discípulos del dignatario eclesiástico que -en una Semana Santa de Valladolid- puso como ejemplo de agonía a seguir por todo buen cristiano la atroz muerte en la cruz de Jesús de Nazareth.
La comparecencia judicial la pasada semana de Manuel Lamela -consejero madrileño de Sanidad en 2005- para responder a una querella del doctor Montes, destituido en marzo de ese año como jefe del Servicio de Urgencias del Hospital de Leganés por una paranoica denuncia anónima que le imputaba la comisión de 400 asesinatos encubiertos bajo el hipócrita envoltorio de cuidados paliativos, ha devuelto a la actualidad aquella infame calumnia. Además de su arbitrario cese administrativo, el doctor Montes fue víctima -junto a su equipo- de una acción penal en tanto que supuesto responsable de una eutanasia masiva descubierta por una comisión de expertos nombrada a dedo por la Comunidad. El juzgado de Leganés sobreseyó la causa en junio de 2007; la Audiencia no sólo confirmó ese fallo sino que, además, exoneró a los imputados de la acusación de haber incurrido en malas prácticas médicas.
Sin embargo, el doctor Montes y los demás miembros de su equipo no han sido reintegrados en los puestos de los que fueron expulsados por la vía administrativa, ni las autoridades de la Comunidad les han ofrecido disculpas por los graves perjuicios ocasionados a su honor y a su carrera profesional. Y nunca serán reparados tampoco el sufrimiento infligido a los enfermos terminales a quienes se negó tratamiento paliativo desde 2005 en los atemorizados hospitales madrileños, ni el dolor de sus familiares. La presidenta Aguirre respaldó de forma insolente a Lamela, promocionado luego a la Consejería de Transporte; Rajoy le elogió como uno de los dirigentes "más importantes" del PP. En el reparto de papeles entre el policía bueno y el malo, el portavoz del primer Gobierno de Aznar, el mequetrefe Miguel Ángel Rodríguez, asumió la esperpéntica tarea de llamar nazi en televisión al doctor Montes.
Mientras Telemadrid marcaba el paso de la operación de linchamiento de los acusados, los medios de comunicación vinculados por afinidad ideológica y mercedes económicas a Aguirre se encargaron de calentar las pasiones y de robustecer los prejuicios de sus clientes, tal y como documentó la semana pasada un excelente reportaje de la Cuatro. Y si El Mundo bautizó a Montes como doctor Muerte y encabezó un reportaje sobre el hospital de Leganés con el hitleriano rótulo La solución final, los frikis de la Radio de los Obispos agotaron todas las sinonimias injuriosas en sus esfuerzos por describir a las víctimas puestas en la picota por la presidenta madrileña y su consejero sanitario como asesinos en serie émulos de Sendero Luminoso.
Fuente: JAVIER PRADERA, en el El PaísEl proyecto de ley garantiza a los enfermos incurables que merezcan un pronóstico de vida limitado y padezcan un intenso sufrimiento el derecho a recibir tratamiento para aminorar el dolor siempre que lo precisen. El texto obliga a no prolongar en el tiempo situaciones clínicas carentes de expectativas razonables de mejoría.
Contra lo que afirma frívolamente la nueva ministra de Sanidad ("no existe un clima social que demande este tipo de legislación"), la actual normativa sobre la materia ofrece ambigüedades que permiten su sombrío manejo. Sólo la generalización de la iniciativa andaluza al ámbito estatal crearía las condiciones para acabar con esos empecinados, crueles e inútiles tratamientos dilatorios aplicados a los agonizantes que hacen aún más terrible el hecho por sí mismo dramático de la muerte. Sirva como ejemplo el tétrico auto de fe escenificado hace cuatro años en el Hospital de Leganés por los inquisidores de la Comunidad de Madrid, tal vez discípulos del dignatario eclesiástico que -en una Semana Santa de Valladolid- puso como ejemplo de agonía a seguir por todo buen cristiano la atroz muerte en la cruz de Jesús de Nazareth.
La comparecencia judicial la pasada semana de Manuel Lamela -consejero madrileño de Sanidad en 2005- para responder a una querella del doctor Montes, destituido en marzo de ese año como jefe del Servicio de Urgencias del Hospital de Leganés por una paranoica denuncia anónima que le imputaba la comisión de 400 asesinatos encubiertos bajo el hipócrita envoltorio de cuidados paliativos, ha devuelto a la actualidad aquella infame calumnia. Además de su arbitrario cese administrativo, el doctor Montes fue víctima -junto a su equipo- de una acción penal en tanto que supuesto responsable de una eutanasia masiva descubierta por una comisión de expertos nombrada a dedo por la Comunidad. El juzgado de Leganés sobreseyó la causa en junio de 2007; la Audiencia no sólo confirmó ese fallo sino que, además, exoneró a los imputados de la acusación de haber incurrido en malas prácticas médicas.
Sin embargo, el doctor Montes y los demás miembros de su equipo no han sido reintegrados en los puestos de los que fueron expulsados por la vía administrativa, ni las autoridades de la Comunidad les han ofrecido disculpas por los graves perjuicios ocasionados a su honor y a su carrera profesional. Y nunca serán reparados tampoco el sufrimiento infligido a los enfermos terminales a quienes se negó tratamiento paliativo desde 2005 en los atemorizados hospitales madrileños, ni el dolor de sus familiares. La presidenta Aguirre respaldó de forma insolente a Lamela, promocionado luego a la Consejería de Transporte; Rajoy le elogió como uno de los dirigentes "más importantes" del PP. En el reparto de papeles entre el policía bueno y el malo, el portavoz del primer Gobierno de Aznar, el mequetrefe Miguel Ángel Rodríguez, asumió la esperpéntica tarea de llamar nazi en televisión al doctor Montes.
Mientras Telemadrid marcaba el paso de la operación de linchamiento de los acusados, los medios de comunicación vinculados por afinidad ideológica y mercedes económicas a Aguirre se encargaron de calentar las pasiones y de robustecer los prejuicios de sus clientes, tal y como documentó la semana pasada un excelente reportaje de la Cuatro. Y si El Mundo bautizó a Montes como doctor Muerte y encabezó un reportaje sobre el hospital de Leganés con el hitleriano rótulo La solución final, los frikis de la Radio de los Obispos agotaron todas las sinonimias injuriosas en sus esfuerzos por describir a las víctimas puestas en la picota por la presidenta madrileña y su consejero sanitario como asesinos en serie émulos de Sendero Luminoso.
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